En la actualidad la inteligencia artificial tiene un rol crucial en muchos sectores de la sociedad y la administración de justicia no es la excepción. La aplicación de sistemas operados mediante estas tecnologías en diferentes etapas del procedimiento, en beneficio de algunos de los intervinientes o en relación con ciertos sectores de la judicatura, es una realidad. Colombia no escapa al fenómeno, pues incluso en materia penal, a pesar de lo estricto de las reglas procedimentales, se han implementado prototipos de esta clase de herramientas. Este artículo expone algunos de los desafíos que representa su incorporación en el procedimiento penal nacional, especialmente frente a las garantías del debido proceso definidas por el derecho interno e internacional.