La marcada ineficiencia de los mecanismos reglamentarios, sumada a los altos costos que deben asumir los actores económicos para dar cumplimiento a los requerimientos legales de protección ambiental, ha llevado a recurrir a instrumentos económicos para estimular la observancia de los estándares ambientales. Igualmente, la introducción de criterios económicos en los foros de decisión ambientales se refleja, entre otras cosas, en el concepto de desarrollo sostenible. Recientemente, además, se ha empezado a impulsar el concepto de “economía verde”, según el cual la economía debe tender al consumo cero de carbono y en general contribuir a evitar los riesgos ambientales y la escasez ecológica, al tiempo que favorece el bienestar humano y la equidad social. Si bien los postulados mencionados suenan muy atractivos, hace falta reflexionar acerca de los aspectos éticos del uso de tales instrumentos económicos a efectos de la preservación de la naturaleza y de si estos son, en últimas, verdaderamente convenientes para dichos efectos, teniendo en cuenta que los principios en los que se sustentan y los intereses en juego suponen barreras a superar.