Los derechos de procedimiento en materia ambiental son indispensables para prevenir el surgimiento de conflictos socioambientales en el país. Bajo esa perspectiva y teniendo en cuenta que la CADH hace parte del bloque de constitucionalidad en Colombia, los estándares fijados por la CIDH y la Corte IDH para la garantía y el respeto de los derechos al acceso a la información, la participación y la justicia deben ser tenidos en cuenta por los diferentes órganos del Estado en el ejercicio de sus funciones. Por lo anterior, esta investigación busca identificar cuál es la fuerza vinculante de las sentencias y opiniones consultivas de la Corte IDH y de los informes de la CIDH en el ejercicio del control de convencionalidad en asuntos ambientales por parte de las autoridades administrativas y judiciales en el país.