El silencio administrativo es un mecanismo de protección instrumental del administrado, que ofrece cierta efectividad al derecho constitucional de petición. Mediante el silencio administrativo se crean consecuencias jurídicas de la inactividad de la Administración, cuando esta no responde al cabo de un tiempo definido las peticiones o recursos que se le presentan. El silencio puede ser sustantivo o material, cuando se refiere a una petición que no tuvo respuesta sobre el fondo, o puede ser procesal o adjetivo, cuando la ausencia de respuesta se refiere a un recurso administrativo, interpuesto contra una decisión.