Han pasado treinta años desde el inicio de los procesos de liberalización y privatización mediante los cuales se introdujeron nuevas reglas orientadas a garantizar la competencia, maximizar el bienestar general y proteger a los usuarios. Así, se pasó de escenarios de concesión o de permisos para la prestación de los servicios de telecomunicaciones previstos en el anterior modelo de intervención, a un modelo de habilitaciones generales para la prestación de los servicios, ajustados todos a marcos legales y regulatorios previamente definidos tanto por el legislador como por el regulador, en los que los operadores y prestadores de redes de servicios de comunicaciones no podrían proponer nuevos modelos de negocios, o modelos de innovación para este sector.