En Colombia los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y a este le corresponde asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. A pesar de los grandes avances en cobertura y calidad en los centros urbanos, las zonas rurales muestran enormes deficiencias en el acueducto y alcantarillado. No obstante la enorme disponibilidad hídrica en el país, en algunas regiones el recurso es deficitario, y en otras, el progresivo deterioro de las fuentes superficiales y subterráneas afecta seriamente la provisión de agua potable, circunstancia que ha llevado a que algunas poblaciones se sometan a prolongados racionamientos en el suministro del recurso. La generación de aguas residuales y su inadecuada disposición constituye uno de los más grandes problemas ambientales en Colombia, como consecuencia de una infraestructura insuficiente, y de un régimen jurídico que desafortunadamente no consulta la casi que generalizada precariedad financiera de la gran mayoría de los prestadores del servicio público domiciliario de alcantarillado en el país.