El bienestar de las personas privadas de la libertad depende en gran medida del correcto funcionamiento del servicio suministro de alimentos, actividad para la cual actualmente el Estado contrata a empresas particulares. Este artículo analiza en dos grupos los riesgos de corrupción asociados al suministro de alimentos a nivel carcelario (infracción del principio de responsabilidad y deber de selección objetiva en la contratación pública, por un lado, y colusión, por el otro) en tanto tienen que ver directamente con el goce derechos fundamentales de personas privadas de la libertad. Así mismo, el artículo analiza el comportamiento de la administración frente a tales riesgos.