Bajo el principio de derecho ambiental internacional “el que contamina, paga” no se deberían iniciar operaciones mineras sino hasta tanto se haya garantizado que habrá suficientes recursos financieros para cubrir los costos y gastos necesarios durante la fase de cierre, desmantelamiento y abandono minero. En Colombia no existe la obligación de demostrar solvencia económica ni de presentar de forma anticipada un instrumento financiero que respalde efectivamente desde el inicio el proyecto minero y garantice que aquellas áreas que fueron explotadas puedan ser satisfactoriamente restauradas y rehabilitadas para ser utilizadas en otras actividades humanas al finalizar el proyecto. Ante esta situación se decidió realizar un estudio de derecho comparado con el fin de analizar las regulaciones de las provincias de Newfoundland y Labrador, Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan y British Columbia de Canadá para identificar los diferentes instrumentos financieros exigidos previos al inicio de operaciones mineras. Esta investigación busca promover un debate en torno a los instrumentos financieros exigidos en la fase de cierre, desmantelamiento y abandono minero a la luz de los riesgos que actualmente está asumiendo el Estado colombiano frente a ellos, de forma que se adopten las decisiones necesarias para reducirlos.