En Colombia se observa un escenario administrativo, donde, en múltiples ocasiones, los nominadores de las entidades públicas ejercen su facultad discrecional para declarar insubsistente a un funcionario de libre nombramiento y remoción, desatendiendo la exigencia de lograr una mejora en la prestación del servicio público. En tal dirección, como la arbitrariedad empieza cuando se desobedece la búsqueda del interés público, en medio de la dificultad probática de la desviación de poder despunta un medio de prueba indirecto, pero relevante y autónomo, como es el indicio.