Este artículo examina el problema de la privatización de los servicios públicos domiciliarios desde las teorías del interés público y las teorías del interés privado. Cuando se aborda el análisis del problema, prevalece la concepción de racionalidad privada, perspectiva desde la cual se reduce a comparar la eficiencia pública contra la privada. La primera supone un crecimiento desmedido de la burocracia y problemas asociados con la falta de incentivos para los administradores públicos, argumentos que justifican en alguna medida la privatización. Al mismo tiempo se observa una relación crítica entre el sector público, el sector privado y algunos grupos políticos, por el juego de intereses que se crean en estas relaciones. Los procesos de privatización dejan entrever unas discusiones bastante interesantes tanto desde el punto de vista teórico como práctico. La teoría presupone que los procesos de privatización hacen más eficiente (y más competitivo) la prestación de los servicios públicos y habría asimismo una ganancia en la asignación global de los recursos. En la práctica, el papel de los grupos de presión es decisivo en sus resultados y no en todos las casos significa una ganancia en eficiencia ni en productividad