Con el presente escrito, se busca hacer una análisis completo sobre la legalidad del contrato de mutuo para financiar vivienda y los intereses máximos a cobrar en esta clase de créditos, de conformidad con la nueva legislación de vivienda (546 de 1999) y las problemáticas presentadas respecto del parágrafo 3o del artículo 42, que desde el punto de vista jurídico generaron interpretaciones contrapuestas en los diferentes estrados judiciales que conllevaron a una inseguridad jurídica para los deudores y acreedores hipotecarios. Así mismo se efectúa un análisis completo sobre la Sentencia de Unificación SU-813 de 2007 proferida por la Corte Constitucional, que resuelve la problemática anteriormente descrita, en pro de la defensa de los derechos constitucionales de los deudores, pero, que sin duda alguna deja sin protección legal a los acreedores financieros y a los terceros de buena fe.