Toda persona tiene derecho a una tutela judicial efectiva, garantizada por la Constitución, especialmente cuando se ven afectados sus derechos. En el ámbito penal, el Estado, a través de la Fiscalía, tiene la obligación de investigar y sancionar conductas delictivas, siguiendo un orden jurídico que asegure el respeto a los derechos fundamentales. No obstante, en muchos casos, la imposibilidad de llegar a una resolución adecuada se debe a obstáculos en la investigación que llevan a la impunidad, lo que afecta gravemente a las víctimas. Este artículo aborda la problemática relacionada con los archivos de investigaciones previas en el proceso penal ecuatoriano, especialmente cuando vulneran los derechos de las víctimas, impidiendo la impugnación de tales decisiones. La investigación se realizó mediante un enfoque cualitativo, utilizando el método inductivo-deductivo para analizar las sentencias emitidas por la Corte Constitucional y las normas aplicables. Se empleó la técnica de comparación y el análisis documental como instrumentos principales para examinar las falencias en la protección de los derechos de las víctimas. Se concluye que, aunque la Corte ha establecido la posibilidad de recurrir en casos graves, no se han definido claramente los criterios para determinar qué casos califican bajo esta excepción, dejando a las víctimas en un estado de indefensión. Se destaca la necesidad de mejorar los mecanismos procesales para garantizar una protección efectiva de los derechos de las víctimas en el sistema judicial.