La Constitución Política de 1991 generó grandes cambios en materia de derechos fundamentales y en la prestación de servicios públicos. Esto implicaría una repercusión en materia de derecho administrativo y en el mismo procedimiento administrativo. La justicia constitucional se convirtió en un aspecto jurisdiccional transversal a todas las áreas del Derecho e incluso de la administración pública. De allí, la importancia de analizar los mecanismos prestos para la garantía de los derechos de los asociados en materia de servicios públicos (un tópico altamente sensible en un país en desarrollo) teniendo en cuenta la legislación contencioso-administrativa siendo exigida por la constitucionalidad y sus controles inherentes.