Este artículo estudia la asignación de funciones jurisdiccionales a entidades administrativas desde la teoría del contrato social. Se hace una comparación de formas de asignación de funciones jurisdiccionales con otros países, para luego examinar el Decreto Ley 4334 de 2008 – expedido en estado de excepción, para acusar y juzgar a las personas que incurriesen directa o indirectamente en actos de captación masiva de dineros no autorizada del público y la sentencia C-145 de 2009 que lo declaró exequible. En esta dirección, se examina si el Decreto Ley 4334 de 2008, al otorgar funciones jurisdiccionales al ejecutivo, cumple con lo dispuesto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos en relación con las garantías de los derechos fundamentales. Para finalizar, se expone un conflicto positivo de competencia de las decisiones jurisprudenciales entre la Superintendencia de Sociedades, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia que limita aún más el acceso a la justicia a los intervenidos y que permite concluir, con apoyo del teorema de la probabilidad matemática, que no hay medio de defensa efectivo.