Se analiza cómo las penas impuestas a personas privadas de su libertad también afectan a sus familias, convirtiéndose en lo que se conoce como "penas compartidas". A través de un análisis comparativo entre la Ley Nacional de Ejecución Penal de México y la Ley 24.600 de Argentina, el autor examina cómo la familia de los presos sufre consecuencias económicas, sociales y emocionales. A menudo, estas cargas adicionales pueden generar condiciones que conduzcan al delito, ya que las familias deben asumir roles de soporte sin apoyo suficiente. El trabajo subraya la necesidad de visibilizar y apoyar a estas familias para evitar la reproducción de condiciones delictivas y destaca las carencias del sistema mexicano en comparación con el argentino.