Este capítulo analiza las fortalezas y debilidades en el ejercicio de las acciones populares colombianas en los últimos veinte años, para determinar si las modificaciones legislativas del último decenio han dificultado el acceso a la justicia para la garantía de los derechos colectivos. En el trabajo se examina, en primer lugar, la naturaleza de la acción popular en la Constitución Política de 1991 y la intención del legislador en su regulación; a continuación se hace una valoración de la importancia de la acción, pese a las medidas reduccionistas de garantías en el acceso a la justicia para la defensa de derechos colectivos, análisis que se complementa con el estudio de caso de la sentencia que protege el río Bogotá. Se concluye en torno al potencial protector de estas acciones siempre y cuando la labor de los jueces sea garantista y diligente. A pesar de los obstáculos normativos, caracterizados por la regresividad en algunos aspectos procesales y constitucionales, se estima, con base en las cifras y estudios, que las acciones populares sobreviven a pesar de las condiciones jurídicas y sociales adversas.