El delito de la extorsión viene incrementándose en diferentes sectores de la sociedad colombiana, golpeando el comercio de algunas ciudades, en específico la ciudad de Bogotá, donde se concentra el principal escenario económico del país. Los residuos criminales dejados por el conflicto interno, el accionar de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, el Ejército de Liberación Nacional ELN, el crimen organizado y la delincuencia común, trasladaron parte de la problemática que se presentaba en la zona rural hacia algunas capitales, donde concentran su accionar contra empresas, establecimientos abiertos al público, almacenes, restaurantes y vendedores informales, entre otros. La extorsión se ha transformado a través de los años por los avances tecnológicos, nuevas modalidades y en gran parte por la anomia estatal, lo que ha generado el incremento de estas actividades delincuenciales por parte de grupos de delincuencia doméstica, sumado a la presencia de organizaciones criminales transnacionales como el caso del “Tren de Aragua”, “Los Satanás”, y los denominados “Los Maracuchos”, estructuras de origen venezolano que dentro de su operar han potencializado la extorsión como delito de mayor lucro después del tráfico de estupefacientes. La extorsión es un fenómeno sobre el cual se han desarrollado acciones por parte del Estado y de la fuerza pública, diseñando políticas para su mitigación, tanto para la afectación psicológica sobre sus víctimas, como también por el impacto directo que tiene en la economía formal y extensión a la economía informal del país.