La regulación de los movimientos migratorios internacionales es una de las preocupaciones prioritarias de los estados contemporáneos. Su finalidad es impedir la inmigración ilegal a un determinado territorio para, por un lado, no aumentar la carga financiera del Estado en el ámbito de la seguridad social y, por otro lado, no crear competencia salarial ante el aumento de la mano de obra no calificada.