El presente escrito reflexiona sobre una discusión vigente en Colombia: la imposición de sanciones corporales por parte de las autoridades indígenas a quienes infringen normas establecidas por sus comunidades. Prácticas sancionatorias, como el cepo, la flagelación y la expulsión del territorio, podrían afectar la dignidad de la persona al desconocer derechos fundamentales previstos en la Constitución Política, entre ellos el debido proceso y el mandato en virtud del cual nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Se presentan así tensiones entre los usos y costumbres ancestrales inherentes a la cosmovisión indígena y los principios constitucionales de obligatoria observancia para todos los habitantes del territorio nacional, incluidos los grupos étnicos, lo que genera unos límites difusos que se tratarán de dilucidar en este documento.