Ante la ampliación de interacciones entre personas jurídicas y su vulnerabilidad para ser empleadas en conductas delictivas, en el contexto internacional y como obligación de los Estados se impuso la creación de sistemas de autogestión del riesgo y a cargo de su diseño e implementación el denominado oficial de cumplimiento. Sin embargo, en ejercicio u omisión de las funciones asignadas a este individuo puede derivar una responsabilidad para la persona jurídica, lo que podría significar la atribución de alguna conducta delictiva a su cargo, por ello se pretende resolver si puede existir imputación jurídica con ocasión de la falta de control. De manera que a través del estudio de la figura del compliance officer en Colombia, así como el análisis dogmático de los delitos de comisión por omisión se determinan los escenarios de posible responsabilidad penal.