La Administración de Justicia en su complejidad requiere, además del Derecho, otras áreas de conocimiento para la predicción y control de la conducta jurídica, por ejemplo, las ciencias del comportamiento, que son útiles para las decisiones de los jueces; y son ellos mismos, como juristas, los que han de buscar el apoyo de los profesionales de la psicología, quienes con sus métodos y conocimientos pueden aplicar mejor los principios de la justicia. No se puede olvidar que el juzgador, como toda persona, tiene una limitada conciencia sobre la realidad que vive en su aquí y ahora y, ante la necesidad de emitir una decisión justa que ponga fin al conflicto que debe resolver de forma definitiva, la judicatura ha previsto —desde hace muchos años— la posibilidad de que un tercero, experto en la conducta y procesos cognitivos del sujeto procesal —el psicólogo— sea quien aporte esos conocimientos para permitir que la decisión del operador jurídico sea lo más objetiva, justa y rigurosa posible. Precisamente, el psicólogo alemán Hugo Münstenberg en 1908 señaló el camino para la relación de la psicología con el derecho al tener en cuenta los estudios psicológicos para la comprensión del fenómeno testifical en la Corte, y sus aportes a la Administración de Justicia, por lo que se le considera el fundador de la Psicología Jurídica.