En Colombia, si bien no se ha introducido la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se han presentado varias iniciativas legislativas en esa dirección que han estado centradas en los aspectos sustantivos del asunto y apenas si se ocupan de los procesales; de ahí la pregunta sobre si la investigación y el juzgamiento de las personas jurídicas requiere de normas especiales o si bastan las previstas para las personas naturales. El objetivo del artículo es, entonces, el de anticipar algunos de los problemas fundamentales en esta materia y proponer posibles soluciones, a partir del análisis de las implicaciones de la responsabilidad penal de las personas jurídicas para el proceso en general y el derecho de defensa en particular, así como de los efectos procesales de los programas de cumplimiento, la realización de investigaciones internas, la imposición de deberes de colaboración con las autoridades y la incorporación de mecanismos para evitar el proceso o la sentencia. Se concluye que un verdadero sistema de responsabilidad penal para las personas jurídicas requiere de reglas procesales propias, así como del reconocimiento de un conjunto de derechos y garantías acorde con la naturaleza de la persona jurídica.