El Estado colombiano se encuentra en una fase o era que se ha denominado como posconflicto. Esto se debe al Acuerdo de Paz suscrito con el grupo insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las actuales negociaciones de paz con el grupo insurgente ELN, y el inicio de mecanismos de negociación con otros grupos criminales (en el marco de la política de Paz Total). Aunque en todos los procesos se ha declarado que su implementación debe tener un carácter regional, en este artículo se evidencia que se ha mantenido un esquema centralizado en la implementación del acuerdo. Lo anterior podría darse por la debilidad administrativa y política que históricamente han tenido los entes territoriales colombianos. Por ende, se propone el uso de instituciones jurídicas establecidas en la Constitución Política de 1991, que se erigen como mecanismos de descentralización que pueden contribuir a la distribución de recursos y competencias adecuadas y que permitan el desarrollo de una política a gran escala para alcanzar los objetivos de los diferentes procesos de paz.