En Ecuador, la discusión en torno al reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad es casi inexistente. Por lo tanto, muchas familias desconocen que, en términos legales, su responsabilidad implica ante todo el respeto a la autodeterminación de sus familiares con discapacidad y, desde ese desconocimiento, perpetúan un rol tradicional de sustitución y protección. Este artículo parte del análisis de la normativa nacional frente a los acuerdos internacionales vinculantes. Desde ahí, se lleva a cabo un acercamiento a la configuración de nuevos imaginarios que entienden la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos. El objetivo es apuntar la necesidad de pensar un marco normativo que permita que las familias asuman un rol que no confunda apoyo con tutela.