La integración de la inteligencia artificial (IA) en el área legal y forense está generando diversos debates en América del Sur sobre cómo asignar responsabilidad civil cuando estas tecnologías provocan daños. Un dilema central es determinar en quién recae dicha responsabilidad, si en los desarrolladores, empresas proveedoras o instituciones usuarias. Además, surgen interrogantes sobre cómo auditar rigurosamente estos sistemas para garantizar su funcionamiento justo y libre de sesgos.
 En Sudamérica, si bien existen varias iniciativas para adoptar IA en la justicia criminal, la regulación sobre responsabilidad civil es aún incipiente. Por ejemplo, en Chile se utilizan algoritmos para analizar evidencia digital, pero no hay claridad sobre cómo se repararían perjuicios indebidos. Lo mismo ocurre en Argentina y en Colombia, donde falta una legislación adecuada en esta materia.