La protección de derechos humanos requiere de lecturas armonizadoras, es decir, que integren mandatos internacionales (universales y regionales), que eliminen la situación de vulnerabilidad a la que se encuentren sometidas las personas que, por razones de búsqueda de empleo, de desplazamiento forzado o de guerra, buscan nuevas y mejores oportunidades de vida. En el derecho colombiano, la protección integrada se da mediante la distinción de tipos de migración y el reconocimiento de los derechos derivados de las relaciones laborales. El artículo explora cómo el ordenamiento de la Comunidad Andina de Naciones contempla un conjunto de derechos a favor de los migrantes y la forma en que el Estado colombiano los materializa a través de sus normas y jurisprudencia. Para ello, se acude a un estudio de dogmática jurídica y de análisis jurisprudencial, que evidencia los distintos tipos de migración que pueden darse en Colombia y los derechos que les son reconocidos.