La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas es una institución básica en el ordenamiento jurídico español. Dentro de ella, la responsabilidad de la Administración sanitaria y, en particular, cuanto en esta concurre la denominada “doctrina de la pérdida de oportunidad” merecen particular atención por sus singularidades. La observancia en la práctica de divergencias en su aplicación por los tribunales y la carencia de precisión en algunos de los presupuestos que se emplean para su aplicación, como los límites inferiores o superiores o el propio principio de proporcionalidad, bien merecen un adecuado y detenido estudio que muestre la situación actual que tiene lugar en la práctica ordinaria, lo cual conecta con la necesaria seguridad jurídica que debe tener todo ciudadano en sus relaciones con la Administración pública. Todo ello justifica la oportunidad y necesidad de la presente investigación, centrada en la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria y singularizada en el modo en que, a partir de los presupuestos identificados por la propia jurisprudencia para reconocer su concurrencia, se aplica la doctrina de la pérdida de oportunidad.