Las tensiones que ocurrieron en la década de 2010 entre varios gobiernos africanos y la Corte Penal Internacional llevaron a la creación del Protocolo de Malabo, una entidad internacional propia a la Unión Africana. El presente artículo busca analizar los elementos procesales observados en el Protocolo de Malabo, cómo se parecen o se diferencian a previas entidades internacionales de Derecho Internacional Penal, y que elementos se pueden resaltar con relación a sus vínculos con la Corte Penal Internacional, las entidades nacionales, y la posibilidad de cooperar con estos para reducir la “brecha de impunidad”. Un análisis cuantitativo-interpretativo de las diferentes normas que constituyen el Protocolo permite llegar a la conclusión que esta entidad tiene poderes mucho más limitados que los prometidos por sus naciones ponentes, y que precisaría de un amplio régimen de cooperación con la Corte Penal Internacional, régimen que no existe y no es parte de la raison d’etre de la entidad, para evitar el crecimiento de la impunidad.