La política asistencialista impulsada por el gobierno, busca promover el desarrollo, generar impactos en nivel de vida, disminuir la pobreza y miseria, mejorar la salud y la educación de poblaciones vulnerables, contrarrestar dificultades por carencia de oportunidades laborales, rezago tecnológico, deficiencias en infraestructura física, cobertura en servicios públicos, haciendo necesario asumir daños causados por la violencia, el desplazamiento y los fenómenos naturales, lo que trae incertidumbre y desesperanza entre las gentes. Dichas políticas resultan siendo focos de corrupción ineficientes, difíciles de implementar, incrementando la problemática planteada, con impacto contrario al socialmente esperado, lo cual es objeto de la presente reflexión.