La reforma de la Constitución Argentina sancionada en 1994 significó el reconocimiento del derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades actuales, sin comprometer las de las generaciones futuras. En línea, el Estado argentino ha adherido y cumplido estos principios ambientales fundamentales, y desarrollado acuerdos e instrumentos jurídicos para potenciar la idea de igualdad de género en materia de protección ambiental. Ha reconocido el papel relevante de las mujeres en la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. Mediante el análisis de la normativa vigente y de indicadores que dan cuenta de la presencia de mujeres en cargos de gestión gubernamental, este artículo muestra una paradójica brecha entre las normas jurídicas y los hechos, en relación con la participación plena y efectiva de las mujeres. Si bien ha habido avances significativos desde 1994 en la promoción e implementación de políticas dirigidas a la transversalización de la perspectiva de género y diversidad en algunas áreas de gobierno, como las Áreas Nacionales Protegidas (Parques Nacionales), aún prevalece la desigualdad en el acceso de las mujeres a los derechos relacionados con el medio ambiente.