En el marco de una economía social de mercado, y de un Estado constitucional de derecho, las denominadas pequeñas y microempresas (MYPES) son una fuente de autoempleo, es decir, conforman los denominados propietarios-trabajadores. Por tal motivo, se hace necesario que se reconozca constitucionalmente la obligatoriedad del Estado de garantizar la generación de empleos dignos a través de la promoción de una política pública de formalización y competitividad de las MYPES, y debe de estar positivizado en un artículo específico en la parte correspondiente a los derechos económicos reconocidos por la constitución vigente de Perú. En la presente investigación se ha podido argumentar que en la medida en que dichas empresas (MYPES) se consoliden y crezcan no solo pueden llegar a generar los puestos de empleo que la economía formal, de mediano y gran tamaño no generan de manera suficiente y estructural, sino que además pueden aportar significativamente al incremento de la recaudación fiscal, que es uno de los objetivos de la economía social de mercado para el cumplimiento de los fines sociales dispuestos por el Estado Constitucional de Derecho.