Posterior a la entrada en vigencia de la Constitución Política de Colombia de 1991, nace como pilar fundamental en lo que respecta a la protección del medio ambiente, una preocupación del legislador por establecer una eficiente vigilancia de la gestión fiscal del Estado, coadyuvada por algunos organismos que tienen como función principal, la de realizar un seguimiento permanente al recurso Público, sin oponibilidad de reserva legal para el acceso de la información, cimentado en la eficiencia, economía, equidad, desarrollo sostenible y el verificado cumplimiento del principio de valoración de costos ambientales. Pese a que existe en Colombia, una gran cantidad de normas que tienen como fin último, el de proteger el bien jurídico más preciado, el medio ambiente, se destacará mediante lo observado en la presente investigación, con datos extraídos de los sistemas de rendición de cuenta de la Auditoría General de la República - AGR (SIA MISIONAL 2018-2021) , de informes tanto de la Contraloría General de la República (CGR 2018-2020) como de las Contralorías Territoriales , que el control fiscal ambiental no ha sido aplicado eficientemente, respecto de los distintos tipos de recursos naturales. Esto es, agua, aire, biodiversidad, o el suelo. Por lo tanto, se incrementa con ello, la problemática ambiental del país.