La Constitución Política de Colombia prescribe la obligación de todos los colombianos a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, con vistas a defender la independencia nacional y las instiuciones públicas, asi como la obligación, en cabeza del legislador, de determinar las condiciones que en todo tiempo exigen el servicio militar y las prerrogativas por su prestación. Sin embargo, algunas de estas disposiciones legales han sido objeto de críticas por considerarse contrarias a los preceptos constitucionales que abogan por el respeto a la igualdad como derecho fundamental de todo ser humano. Por ello, es necesario armonizarlas con los preceptos constitucionales, con el fin de evitar que los jóvenes obligados a prestar servicio militar o aquellos que se dedican profesionalmente a ello vean vulnerado su derecho a la igualdad por acatar disposiciones que preveen un trato diferenciado injustificado.