El presente estudio aborda, en clave analítica tanto de la legalidad europea como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las virtualidades aplicativas que tiene la normativa de la UE en materia de protección de datos en lo que afecta a las relaciones entre las Administraciones públicas y los ciudadanos. Tal normativa es exigente a la hora de deparar las obligaciones que competen a los que realizan el tratamiento o depósito de datos personales, y es de recibo que sean los entes públicos los que deban, antes que nada, dar ejemplo de una buena gestión. Materia rica y compleja, aun no ampliamente abordada, conoce una sugerente casuística jurisprudencial.