El ordenamiento colombiano, como la mayoría con la misma tradición jurídica, otorga una serie de medios de tutela a favor del acreedor cuyo interés no fue satisfecho con la prestación. Cada una de estas vías tiene efectos jurídicos diferentes, incluso en ciertos casos distintos términos de caducidad, pero el supuesto fáctico que las origina pareciere coincidir, generando dudas sobre su compatibilidad (si su ejercicio puede ser acumulativo, alternativo o son excluyentes). El sistema se hizo aún más complejo con la introducción de la “garantía legal” del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), la cual, si bien trajo avances importantes para la protección de los derechos de los consumidores, deja una serie de lagunas normativas e incoherencias sistemáticas respecto al ordenamiento existente.