El caso Petro Urrego vs Colombia decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2022, a favor del demandante, demostró que las sanciones disciplinarias interpuestas por órganos de control de naturaleza administrativa son opuestas tanto al derecho constitucional como al convencional, porque pueden vulnerar derechos tanto del candidato como de sus electores, por ejemplo, el debido proceso, el buen nombre, el derecho de elegir y ser elegido y facilita poner en riesgo las mismas instituciones democráticas y, en consecuencia, es necesario, acondicionar el ordenamiento jurídico colombiano a estas directrices. Así mismo, comprobó que los jueces son los encargados de imponer las sanciones con mayores efectos adversos para los ciudadanos, después de un debido proceso y en sus providencias deben seguir los lineamientos de la Convención Americana de Derechos Humanos, incluyendo las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o sus sentencias pueden ser dejadas sin efectos, por el incumplimiento de dichos preceptos.