El problema del crimen en Colombia se encuentra ineludiblemente cruzado por la evidencia de una confrontación de larga duración que imposibilita actuar bajo el supuesto de lo nacional como un todo, de la dominación como un absoluto, y de la norma jurídica institucional como omnipresente y omnipotente. En un país con efectivos dominios territorializados, con juegos de relación intersoberanas o políticas y con relaciones sociales intraterritoriales compleja y difícilmente reglamentables, la reflexión sobre el crimen enfrenta el desafío de ser tan teórica como para que resista la lectura de cualquier poder de criminalización, y tan localizada y documentada como para que permita describir regularidades apenas parciales.