El artículo analiza los métodos alternativos de resolución de Conflictos-MASC de cara a los retos y problematizaciones que afronta la administración de justicia alternativa con la supresión de la función conciliatoria a las comisarías de familia en casos de violencia familiar. La metodología se basa en revisión documental y bibliográfica respecto a las normas constitucionales y legales que regulan la conciliación y el impacto socio-jurídico que la normativa imprime en términos de acceso y descongestión judicial por la mengua de instituciones y funcionarios facultados para conciliar en asuntos de violencia intrafamiliar. Los resultados indican que la Constitución Política de 1991, consagró una estructura excepcional y transitoria para la resolución de las controversias a través de la conciliación y ello facilita la protección de derechos de carácter fundamental, pero también de contenido económico. Se concluye que la eliminación de la función conciliatoria a las comisarías de familia en casos de violencia familiar disminuye el efecto de los mecanismos alternativos, siendo necesario crear políticas públicas que respondan a este impacto negativo y evaluar de forma escalonada el alcance de la ley en términos de competencias, especialidades y aumento de solicitudes.