En los últimos treinta años, Colombia ha presenciado un acelerado proceso de cambio en la concepción general del derecho y, en particular, del derecho constitucional, el cual ha venido irradiando diversos ámbitos de los campos jurídico y político, como es el caso de las políticas públicas. En este país, donde existe el déficit de protección y materialización de los derechos sociales instaurados en la Constitución de 1991, la Corte Constitucional comenzó a expedir una serie de decisiones judiciales que inciden en el proceso de formulación de las políticas públicas por parte de las autoridades estatales. A partir de lo anterior han surgido tensiones en materia de garantía de derechos materiales y posmateriales.