La oposición política es un elemento axiológico de la democracia pluralista, la cual equilibra las imposiciones entre los poderes ejecutivo y legislativo. Sin embargo, en el debate público colombiano adquiere mayor relevancia desde la Ley Estatutaria 1909 de 2018 o Estatuto de oposición. Esta norma es un hito histórico, porque cumple tardíamente el artículo 112 de la Constitución, pero limita el goce efectivo de los derechos para algunos actores políticos declarados en oposición; lo que, sin duda, contradice el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este escrito, desde un enfoque de la Ciencia Política, con la utilización de un método hermenéutico, se compara la Constitución y la legislación colombiana con algunas decisiones del Sistema Interamericano relacionadas con el Estatuto de la Oposición y se concluye que la restricción legal impide el fortalecimiento de la democracia.