El presente artículo expone los argumentos que edificó la Corte Constitucional a la hora de revisar la acción pública de inconstitucionalidad que se presentó en contra del parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017. La importancia de identificar la estructura argumentativa de la Corte Constitucional, permite entender de qué manera los presupuestos rectores del derecho fundamental al debido proceso son vinculantes, al momento de impedir que la extensión de la solidaridad en el pago de una sanción pecuniaria derivada del uso de las cámaras de fotodetección, ponga en riesgo la aplicación del principio de responsabilidad individual, la imputación, la tipicidad y la debida defensa.