La estabilidad Laboral en Colombia es un derecho constitucional consagrado desde 1991, debido a lo cual se ha desarrollado un amplio análisis jurisprudencial en coherencia con lo ratificado en tratados internacionales y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Colombia, lo que ha permitido garantizar la continuidad al trabajo a muchas personas en condición de vulnerabilidad.
 Actualmente, la extensión y gravedad de la pandemia del COVID-19 ha puesto en aprietos tanto a empleadores como a trabajadores. Los primeros respecto de la necesidad de suspender y terminar algunos contratos laborales; en el caso de los segundos, debido principalmente al contagio de gravedad, al aislamiento obligatorio por la situación de salubridad a nivel mundial y con afectación directa a nivel nacional, así como el consecuente descubrimiento o diagnóstico de enfermedades como consecuencia del contagio. Ello impidió la continuidad normal de las relaciones de trabajo, presentando situaciones de incertidumbre en materia legal en un momento de crisis económica, con lo que las empresas se vieron en la necesidad de hacer ajustes o cambios en materia organizacional para enfrentar la crisis para hacer frente a la situación imprevista por empresarios, empleadores o gobiernos. Sin embargo, no se puede desconocer que esta situación ha desencadenado una serie de reclamaciones administrativas y legales por parte de los actores involucrados.