Durante los primeros años del siglo XXI, Guatemala experimentó incrementos de la criminalidad violenta y los homicidios. En áreas urbanas, las pandillas juveniles o maras, las extorsiones y las prácticas de limpieza social adquirieron relevancia. Desde 2004, activistas de derechos humanos denunciaron que el Estado implementaba políticas de limpieza social en contra de supuestos criminales, particularmente contra mareros. Ciertamente así sucedía. No obstante, la limpieza social comenzó antes, cuando víctimas de la depredación extorsiva se transformaron en victimarios de supuestos extorsionistas. Este artículo analiza las prácticas de limpieza social de aquel momento como fenómeno relacionado con la formación de la cuestión criminal, la victimización extorsiva y las prácticas de vigilantismo popular y estatal.