El caso Cerruti (1885–1911) se origina en una guerra civil, cuando Colombia aún es una federación, pero la contienda confirma a los centralistas (liberales independientes y conservadores) en el poder, al sofocar una rebelión de los liberales radicales. El Estado Soberano del Cauca expropia los bienes del empresario italiano Ernesto Cerruti, acusado de financiar y abastecer a los rebeldes, y los de la sociedad E. Cerruti y Co. son embargados. El Gobierno central, en cambio, califica estas medidas como ilegales y - cediendo a la diplomacia de cañoneras, desplegada por Italia para proteger a Cerruti y lograr su indemnización - acepta dos arbitrajes internacionales. El laudo del presidente estadounidense Cleveland, emitido en 1897, perjudica a Colombia aún más que el dictamen del mediador español Moret, formulado un decenio antes. El sesgo de Cleveland se atribuye a la temprana oposición estadounidense a la Doctrina Calvo. Por largas décadas, el arbitraje internacional queda descartado en Colombia, debido al uso de este escudo jurídico-político de la soberanía económica.