El objetivo de este artículo es analizar las posibilidades de una justicia ambiental especializada para Colombia a partir de un estudio comparado entre Brasil, Chile y México. Se aprovechó la aprobación del Tratado de Escazú que obliga a garantizar que dicha justicia tenga “órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental”. Este estudio implementó la metodología comparada que propone primero, comparar lo comparable, para luego, segundo, adoptar un criterio de análisis propositivo fundado en las diferencias. Se discute cuál es el modelo de justicia que responde mejor al estándar del Tratado y se adecua mejor a las necesidades del país. A partir de ello, se aportan razones para adoptar órganos autónomos o tribunales con salas ambientales.