El objetivo principal de este artículo consiste en relacionar los conceptos de razón comunicativa y de democracia deliberativa de Jürgen Habermas, con los principios constitucionales que deben orientar el uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para resaltar la responsabilidad estatal en cuanto a propiciar un contexto en el cual los derechos humanos y la búsqueda del bien común sean los ejes orientadores. El método empleado es el análisis teórico-descriptivo de conceptos, teniendo en cuenta una perspectiva crítica de derechos humanos y los parámetros legales que deben guiar el uso de la fuerza por parte de agentes estatales. Como resultados se llega a la conclusión de que el Estado debe promover tanto los protocolos de uso de la fuerza en el plano de lo legal, como la razón comunicativa; es decir, un entendimiento mutuo basado en el agonismo y no en el antagonismo, para que –a pesar de las diferentes posturas de distintos grupos sociales– sea posible tener como meta el bien común y la construcción de contextos sociales pacíficos donde se aminore la necesidad del uso de la fuerza.