Sobre este asunto, aparece un tema superlativo, referido a las garantías de los principios constitucionales que se afectan de forma abrupta, en especial los derechos de la niñez, como el derecho a la salud, a la nutrición, al techo, a la educación y al desarrollo psicoemocional.El bien jurídico de la población infantil se pone en eminente riesgo con la gravedad que significa desatender a la generación que, en cuestión de años, serán quienes tendrán la responsabilidad de liderar el desarrollo pleno de la sociedad.Para los padres de familia, la situación es similar, en el entendido de que como núcleo esencial de la sociedad, la condición de migrantes, refugiados, población flotante en territorios extranjeros bajo la precariedad de condiciones de vida y estado de vulnerabilidad disminuye ostensiblemente la capacidad fáctica de ofrecer a los menores las condiciones para alcanzar una vida digna: mandato máximo del Estado social de derecho.En consecuencia, la decisión que toman estas personas de marcharse hacia países vecinos en calidad de migrantes, como ciudadanos marginados, en las condiciones más inhumanas y vulnerables, sin ninguna posibilidad concreta y real de conquistar una mejor condición de vida, obliga a las naciones del mundo a preparar al Estado, con toda su organización institucional, para ayudar humanitariamente a quien por diversas circunstancias llega clamando justicia y alivio básico para sus necesidades primarias.