El escrito tiene como objetivo formular una crítica a la Sentencia C-674 de 2017, en la cual la Corte Constitucional colombiana, con fundamento en la teoría de la sustitución de la Constitución, declaró inconstitucional el acto legislativo que preveía que los terceros civiles que participaron en crímenes durante el conflicto armado debían ser investigados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con fundamento en que se reemplazaba integralmente la garantía del juez natural. En el texto se realiza un análisis de la doctrina y la jurisprudencia para concluir que, contrario a lo sostenido por la Corte Constitucional, el aludido acto legislativo sí superaba el juicio de sustitución de la Constitución, desde una perspectiva transicional.