En las últimas décadas, los países de América Latina han adoptado el modelo de Asociación Público-Privada (PPP) para el desarrollo de infraestructura vial, como una estrategia para mejorar su conectividad regional e internacional. Este modelo ha permitido enfrentar las limitaciones financieras del sector público, combinando el financiamiento privado con recursos de organismos multilaterales y bancos comerciales. El proceso de implementación de las PPP en la región ha sido gradual y ha implicado ajustes en las leyes, la asignación de riesgos y la gestión de los proyectos. En países como Brasil y Chile, se han creado leyes específicas para regular las concesiones y contratos de PPP, mientras que otros países, como Argentina y Colombia, han abordado estos proyectos a través de distintas agencias gubernamentales vinculadas a los ministerios de transporte.