La conformación de la Corte Penal Internacional y el inicio de labores en el 2002, supone el ingreso, en las relaciones internacionales de un nuevo actor dotado de autonomía propia y personalidad jurídica independiente, cuyas decisiones empiezan a tener diversas repercusiones al interior de los estados en los cuales sus nacionales están siendo investigados por delitos de genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra.
